El Derecho a la ciudad, definido por Henri Lefebvre en 1967 como el derecho de los habitantes urbanos a construir, decidir y crear la ciudad, y hacer de esta un espacio privilegiado de lucha anticapitalista, se encuentra de nuevo en el centro del debate político.
Lefebvre construye un planteamiento político para reivindicar la posibilidad de que la gente vuelva a ser dueña de la ciudad y quien dice CIUDAD, puede decir PUEBLO.
Tomada por los intereses del capital, la ciudad
dejó de pertenecer a la gente, por lo tanto Lefebvre aboga por «rescatar
al ciudadano como elemento principal, protagonista de la ciudad que él
mismo ha construido». Se trata de restaurar el sentido de ciudad,
instaurar la posibilidad del «buen vivir» para todas, y hacer de la
ciudad «el escenario de encuentro para la construcción de la vida
colectiva» Lorena Garrón, con la que estamos muy de acuerdo, (Críticas y alternativas al urbanismo neoliberal) dice que el modelo de
ciudad que se ha ido configurando es justo el contrario. No son las decisiones democráticas, las decisiones de las personas que habitan los lugares, la dimensión social... la que define los espacios urbanos. Las decisiones son tomadas por tecnócratas, aludiendo a que solo los expertos, son los que saben y
pueden configurar los espacios y que esconden decisiones políticas
claramente neoliberales. Las decisiones se toman con una visión técnica, fría y sin
tener en cuenta que la sociedad es diversa. Lo que han hecho las administraciones neoliberales es institucionalizar y capitalizar el concepto de Derecho a la Ciudad, introduciendo términos como derechos sociales, sostenibilidad..., en los planes urbanos, legislaciones, etc., pero que solo existen en el papel, sin que eso tenga una traslación a la realidad, sin que haya un mínimo esfuerzo por construir un urbanismo que se adapte a las personas y al medio y no que sean las personas y el medio las que se adapten a él. Desde un punto de vista cortoplacista y carente de planificación. Asumiendo que las ciudades y pueblos están hechas de hormigón, que son espacios muertos, cuando la realidad es que las ciudades y pueblos están hechas de personas, de contradicciones, de otros seres vivos que habitan con nosotras, en definitiva, que son espacios vivos.
Las decisiones con respecto a los espacios urbanos deberían ser colectivas, democráticas y multidisciplinares. Si habitamos un lugar,
¿Por qué no podemos decidir cómo se configura ese lugar?
¿Por qué no podemos decidir a qué damos prioridad en el espacio urbano?
¿Por qué no podemos ver nuestras necesidades colectivas cubiertas?
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