El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, también llamado Día Internacional de la Mujer, reivindica y visibiliza la lucha de las mujeres por sus derechos, participación y reconocimiento, en pie de igualdad con los hombres, en la sociedad y en su desarrollo íntegro como persona.
Este año, la pandemia del COVID-19 ha puesto de relevancia la precariedad estructural de nuestro sistema tras años de políticas neoliberales. Estamos ante una situación de crisis social y económica y no podemos permitir una respuesta sin perspectiva de género que acentúe las desigualdades que viven las mujeres. Debemos abordar esta crisis no como la de 2008 con austeridad y recortes, sino enfocarnos en la reconstrucción de lo público y en una lucha contra la precariedad, la falta de derechos y las desigualdades que vivimos las mujeres en nuestra diversidad.
Durante este periodo, las mujeres han sido las protagonistas, tanto en el ámbito sanitario siendo ellas la inmensa mayoría de personas trabajadoras, como en el ámbito de los cuidados, asumiendo una mayor carga de trabajo en el hogar. Las mujeres realizamos una parte muy importante de los trabajos esenciales y dichos trabajos son fundamentalmente precarios.
Según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), las mujeres suponen el 85% del personal que trabaja en las residencias de mayores y personas dependientes donde se han dado las peores cifras de fallecimientos. También son mayoritarias en otros servicios esenciales como son el comercio y la alimentación, la limpieza y representan la práctica totalidad de las empleadas del hogar de los cuidados. Todos ellos trabajos feminizados y precarizados.
A esto se suma el desigual reparto de las tareas de cuidados. El 70% de estas tareas son realizadas por las mujeres, a las que muchas han sumado el teletrabajo, el cuidado y sostén de las personas de la casa, una sobrecarga de trabajo que no se ha visto respondida con mecanismos de corresponsabilidad desde todos los ámbitos: administraciones, empresas y hogares. Especialmente afectadas están las familias monoparentales, de las que ocho de cada diez tienen a una mujer al frente.
Ambos elementos concurren juntos para establecer un suelo pegajoso que dificulta a las mujeres el desarrollo de su proyecto vital y las bases de la brecha salarial por la que las mujeres trabajamos sin remunerar 51 días al año con respecto a los hombres. A largo plazo, esta brecha salarial afecta a sus pensiones. Además, sufren mayor riesgo de pobreza y exclusión social que los hombres, instalándose especialmente en los hogares monomarentales.
Por último, se estima que la crisis económica provocada por la pandemia también afecte más a las mujeres ya que no debemos olvidar que tenemos mayor tasa de desempleo y que esto se acentúa entre las personas jóvenes.
Frente a esta situación, se han elaborado pactos por la recuperación económica en todos los niveles de la administración para incidir y compensar los efectos de la pandemia. Pero no se ha incluido la perspectiva de género que sería lo que evitaría un retroceso en los derechos adquiridos ya que en las crisis anteriores se ha producido un incremento de las desigualdades y un refuerzo de las discriminaciones.
La mayoría de mujeres se encuentran en las posiciones más precarias y vulnerables, en el aspecto laboral y en el social, y si no realizamos políticas que pongan la protección de las personas en el centro, sufrirán peores consecuencias. Un claro ejemplo es el IMV que se ha debido reformular para posibilitar el acceso de las familias monomarentales.
La desigualdad que denuncia el feminismo es estructural y global, asentado y sostenido por el sistema capitalista y patriarcal cuyo objetivo es obtener beneficios y privilegios para unos pocos a costa de las personas más vulnerables y oprimidas, que terminan siendo las mujeres en toda su diversidad (migrantes, racializadas, trans, con diversidad funcional, jóvenes y mayores).
Por eso es inevitable hablar de redistribución de la riqueza mediante un sistema fiscal justo que permita la cobertura de las necesidades sociales y en este sentido reivindicar la iniciativa para que se liberen las patentes de las vacunas y de este modo evitar hacer de la pandemia un negocio y agilizar la inmunidad de toda la población. Necesitamos un cambio de lógica que coloque los cuidados en el centro, las necesidades de las personas como prioridades y desplace la obtención de beneficio como único motor de la sociedad.
Este 8M el movimiento feminista trabaja para ocupar el espacio público de otra manera, visibilizar los efectos de la pandemia sobre la vida de las mujeres.
El neoliberalismo ha impulsado un modelo de cuidados mercantilizado y de bajo coste que hace recaer en las mujeres gran parte de lo que debería ser atendido a través de los servicios públicos y la corresponsabilidad de los hombres. Ello exige fortalecer las políticas públicas y leyes en materia de dependencia y servicios sociales que han sido privatizadas, mercantilizadas e individualizadas, generando una gran precariedad en el centro de la reproducción de la vida. Un claro ejemplo de ello han sido las residencias de mayores que necesitan una reestructuración profunda para garantizar una atención de calidad y mejorar las condiciones laborales de las personas, mayoritariamente mujeres, que trabajan en ellas.
Pero también recursos públicos de conciliación que se adapten a las necesidades de las familias y el seguimiento del Plan Me Cuida para que no suponga profundizar la asunción del cuidado solo por las mujeres.
Las mujeres migrantes son relegadas y forzadas a los trabajos más precarizados y a la vez de los más esenciales, como el trabajo doméstico y de cuidados o la recogida de la fruta. Todo ello sufriendo negación de derechos, abusos laborales y sufriendo situaciones de violencia machista que tienen que dejar invisibilizadas y atajadas de raíz. Por ello exigimos unas políticas de extranjería que respeten los derechos humanos y unas políticas públicas estatales que creen alternativas para las trabajadoras migrantes en situación administrativa irregular, que luchen contra su exclusión y abuso en el mercado laboral y que las proteja de la trata y la prostitución para salir de la pobreza.
Las mujeres en situación de explotación sexual no se han visto protegidas en este contexto ni se han garantizado medidas efectivas para el cierre de esta actividad a pesar del riesgo para la salud. Se ha preferido mantener mirar para otro lado. Todo ello hace imprescindible la puesta en marcha de políticas públicas y protocolos globales contra la trata, que implementen el Protocolo de Palermo para que las mujeres víctimas de trata y en situación de prostitución tengan alternativas formativas y laborales, alternativa habitacional y mecanismos de asilo y protección reales.
En un momento donde se están incrementando los índices de pobreza y exclusión no podemos olvidarnos del negocio de los vientres/úteros de alquiler, que recordemos, afecta sobre todo a mujeres pobres que son quienes se ven abocadas a esta forma de explotación capitalista y patriarcal que sigue creando nichos de mercado a costa de la mercantilización de los cuerpos de las mujeres.
La pandemia nos ha vuelto a relegar a las mujeres al hogar, desplazándonos del espacio público. No podemos permitir retroceder en la relevancia de que la perspectiva de género impregne la reconstrucción social y que el teletrabajo no suponga hacernos desaparecer del espacio público y la toma de decisiones. Seguimos siendo invisibles en la historia por lo que seguiremos potenciando todas las actuaciones que recuperen nuestra memoria histórica y sirvan de referentes a las mujeres actuales y futuras.
También este año se ha impulsado la ley de libertad sexual imprescindible para garantizar el consentimiento y hacer entender que solo si es si. Y es que queda mucho camino que recorrer en este sentido y es imprescindible que se acompañe de una educación afectivo-sexual desde la igualdad y la diversidad sexual, identidad y/o expresión de género y que eduque a los hombres en una masculinidad no violenta.
La práctica de la interrupción voluntaria del embarazo no está garantizada para todas las mujeres y exigimos que se realicen de forma gratuita y dentro del Sistema de Salud público y denunciamos la represión hacia quienes encabezan la lucha por los derechos sexuales y reproductivos.
Por éstas y muchas más razones es necesario que este Ayuntamiento/Diputación se comprometa con potenciar e implantar la perspectiva de género en las actuaciones que desarrolla y evitar que esta crisis aumente las desigualdades y las discriminaciones para lo que es necesario cambiar los modelos patriarcales y capitalistas por modelos de igualdad, justicia, paridad, libertad, diversidad y democracia.
Hoy, el feminismo sigue siendo imprescindible para revertir la desigualdad, luchar contra la intolerancia y el odio y transformar la sociedad.
Por todo ello, el grupo municipal de Unidas por Miajadas propone al Pleno la adopción del siguiente
ACUERDO
1. Apoyar las acciones que se desarrollen en la reivindicación del 8M facilitando con todos los medios materiales, personales y de difusión el cumplimiento de las medidas higiénico sanitarias de los actos que convoquen las asociaciones de mujeres el 8 de marzo.
2. Enarbolar la bandera feminista en el Ayuntamiento como símbolo de apoyo a la lucha de las mujeres
3. Impulsar el debate social de los cuidados, dentro de las propias competencias, que posibilite el cambio de modelo actual que genera desigualdad y precariedad.
4. Evaluar los recursos destinados a corresponsabilidad para adecuarlos a las necesidades de las familias y mejorar su cobertura, así como generar recursos públicos en este sentido. Teniendo especial sensibilidad con las familias monoparentales y numerosas.
5. Evaluar la situación de las personas mayores y de los recursos que disponen para desarrollar una vida digna mejorando los programas y servicios públicos para garantizarlo.
6. Articular en la práctica y dentro de las propias competencias, políticas globales y transversales con dotación económica suficiente, de gestión pública, con estadísticas y evaluaciones, que cambien la realidad material de las mujeres, en aras de una igualdad real.
7. Reforzar el compromiso institucional por la igualdad de género y en contra de las violencias machistas.
8. Reforzar los recursos económicos y humanos destinados al desarrollo de políticas de igualdad activas, integrales y participativas, poniendo especial atención a mujeres migrantes y en situación de especial vulnerabilidad, de forma que todo el personal público acceda a formación continua que le permita prevenir, detectar y atender las diferentes necesidades para corregir desigualdades estructurales dentro de sus competencias profesionales; que revise los procedimientos para asegurar el buen trato y evitar situaciones de violencia institucional.
9. Implantar un Plan por la igualdad y contra la violencia machista, en coordinación con otras administraciones públicas, consensuado con el movimiento feminista y de mujeres, que tenga como objetivo el desarrollo de las medidas contempladas presupuestariamente y que sea evaluable anualmente.
10. Realizar un informe de impacto de género sobre las medidas adoptadas o consensuadas en el pacto de reconstrucción para introducir los factores correctores necesarios que eviten ahondar en desigualdades por género.
11. Realizar un plan para el cierre de locales donde se consume prostitución con independencia de la licencia de actividad bajo la que operen. Dicho plan debe contemplar la emergencia sanitaria, la protección de las mujeres y la articulación de medidas de protección, alternativas habitacionales, asistencia sanitaria y planes de inclusión laboral con una metodología de evaluación y seguimiento.
12. Desarrollar políticas encaminadas a la abolición de la prostitución, como forma extrema de violencia contra las mujeres. Ejecutando políticas activas para erradicar todas las formas que tenga relación con la explotación sexual; con especial atención a las ordenanzas de publicidad y todas aquellas que de forma directa o indirecta permitan o faciliten el desarrollo de actividades encaminadas a dicha explotación.
13. Rechazar cualquier ordenanza municipal que esté inspirada en posturas prohibicionistas, y que por consiguiente penalicen a las mujeres en situación de prostitución.
14. Eliminar la publicidad discriminatoria o denigrante de las mujeres, bien desde los soportes, publicaciones o transportes públicos (marquesinas, autobuses taxis, guías, o información turística,…) bien no contratando con medios privados que la mantengan o potencien.
15. Implantar actividades escolares complementarias con planteamientos que potencien valores no sexistas contrarios a cualquier tipo de discriminación.
16. Que las medidas/propuestas sean asumidas desde la dotación suficiente para ser llevadas a cabo.
17. Que estas medidas tengan seguimiento y mínima relación de objetivos calendarizados para que se pueda comprobar la suficiencia presupuestaria, la correcta implementación y el reparto de dotaciones.
18. Dar cuenta al pleno del Ayuntamiento/Diputación de la implantación, seguimiento y estadísticas de las medidas acordadas el año anterior con motivo de aprobación de este texto, como evidencia de compromiso real con la moción que se aprueba.
Comentarios