Catedrático de Políticas Públicas de la Universitat Pompeu Fabra
Estamos viendo durante estos años de crisis el intento más intenso y masivo por parte de las autoridades de la eurozona –Banco Central Europeo (BCE), Consejo Europeo y Comisión Europea– así como del Fondo Monetario Internacional (FMI) de debilitar, en cada país de la zona euro, el mundo del trabajo, la protección social y el Estado del bienestar. La evidencia de ello es contundente. Recortes de derechos laborales y sociales y de gasto público social están ocurriendo a lo largo de los países de la eurozona, dándose con especial intensidad en los países de la periferia de la eurozona, conocidos como los PIIGS (Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España). No pasa día sin que noticias sobre recortes y reducción de derechos golpeen las páginas de los rotativos de mayor difusión. La generalización de tales medidas en la mayoría de países de la eurozona se presenta como un indicador de su inevitabilidad, es decir, de la necesidad de que se lleven a cabo para salir de la crisis.
La evidencia que se ha ido acumulando muestra, sin embargo, que tales medidas no sólo no están contribuyendo a la salida de la crisis y de la recesión, sino que la están empeorando. Los datos reflejan claramente que tales políticas están reduciendo todavía más la demanda necesaria para estimular la economía. Y puesto que la demanda generada en el sector privado está estancada (resultado en España del enorme agujero creado en la economía por el estallido de la burbuja inmobiliaria), el único sector que podría estimular la economía es el sector y el gasto público. De ahí que la reducción de tal gasto público sea un gran error, pues imposibilita la salida de la crisis. De nuevo, la evidencia de ello es abrumadora. Sólo los economistas y políticos neoliberales, que dominan los medios de mayor difusión, continúan repitiendo el dogma neoliberal que está ya profundamente desacreditado empíricamente.
¿Por qué entonces se están imponiendo tales políticas? Es más que dudoso que las autoridades de la eurozona y del Fondo Monetario Internacional no conozcan la abrumadora evidencia que muestra el fracaso de tales políticas. El hecho de que, a pesar de ser conscientes del daño de tales políticas al bienestar de la mayoría de la ciudadanía y a la propia economía, continúen imponiéndolas se debe a que están utilizando esta situación de enorme crisis (acentuándola incluso) a fin de forzar con mayor contundencia lo que los grupos dominantes en estas instituciones (el capital financiero, es decir, la banca y las grandes empresas transnacionales) siempre han deseado: debilitar al mundo del trabajo y al Estado del bienestar.
Más y más información se está haciendo pública mostrando el tipo de presiones que tales organizaciones (y, muy en especial, el BCE y el binomio Merkel-Sarkozy) han estado realizando para que los gobiernos reciban “ayudas” (lo pongo entre comillas porque un porcentaje de tales transferencias está encaminado a que los estados receptores puedan pagar sus deudas públicas a los bancos alemanes y franceses, entre otros). El Banco Central Europeo supedita estas ayudas –en forma de compra de deuda pública– a que hagan reformas que claramente debiliten el mundo del trabajo (tales como eliminar la indexación de los salarios o la descentralización de los convenios colectivos) y reduzcan sus estados del bienestar (tales como la privatización de las pensiones o de los servicios sanitarios), todas ellas medidas que tienen muy poco que ver con la génesis de la crisis o con la salida de ella. El argumento que utilizan para justificar la imposición de tales políticas es que aumentarán la competitividad de la economía de los países PIIGS y con ello aumentarán las exportaciones, que debieran ser el motor del crecimiento económico y la salida de la crisis.
De nuevo, la evidencia existente (que es también bastante abrumadora) cuestiona que los países PIIGS puedan salir de la crisis a base de tales políticas, pues el mayor problema que tienen estos países no es ni su inexistente elevado gasto público, incluido el social (que es de los más bajos de la UE), ni la falta de competitividad (las exportaciones han continuado creciendo en España durante la crisis), sino su escasísima demanda. Pero el hecho de que la evidencia muestre que este argumento es erróneo o falso no les frena para que continúen imponiendo tales políticas, admitiendo, como hacen los economistas Kenneth Rogoff y Carmen Reinhart, muy influyentes en el FMI, que el impacto de tales políticas supuestamente positivas no se verá por mucho tiempo, de diez a quince años a partir de ahora.
Esta situación es insostenible e intolerable. Condena a varias generaciones a un futuro miserable. De ahí que debiera considerarse lo hasta ahora impensable: la salida de España del euro. No hay duda de que sería un paso difícil, pero no necesariamente peor que lo que se predice para los próximos diez y quince años. Alternativas, en contra de lo que dicen Rogoff y Reinhart, existen. Salvando las diferencias (que las hay) entre Argentina y España, el hecho es que Argentina en 2001, tras romper la paridad con el dólar y las políticas impuestas por el FMI, bajo el Gobierno Kirchner, recuperó su propio control del valor de la moneda y de su Banco Central, permitiéndole en tres años que su PIB fuera ya el que existía antes de la crisis, siendo a partir de entonces el país de América Latina que ha tenido mayor crecimiento económico. Letonia, en cambio, siguió las políticas que está imponiendo el FMI y hoy su PIB es un 20% inferior al que tenía al iniciarse la crisis. Es importante que para el bien de las clases populares se inicie un debate en España sobre los excesivos costes de pertenecer al euro, y de los que la población parece ser ya consciente. Según una reciente encuesta, el 70% de la población española tiene mayores reservas hacia el euro. ¿Cuándo se iniciará tal debate en España?
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