La comisión de investigación del Parlamento regional que fiscalizará en los próximos meses la gestión de Feval es la octava en los 28 años de historia de esta institución y viene precedida por el desigual desarrollo de las anteriores, ya que dos de ellas ni siquiera concluyeron los trabajos. La primera se remonta a los albores de la autonomía, a 1984, e investigó el uso de los créditos concedidos en virtud de un acuerdo entre la Junta y las entidades financieras por valor de 2.000 millones de pesetas, a un 13% de interés.
A pesar de que se decidió crear 5 grupos de investigación, se cambió la metodología y solo se hizo se revisaron algunos créditos elegidos por muestreo, según el dictamen, recogido por Efe. En ella llegó a comparecer el entonces presidente de la Junta, Manuel Bermejo. El dictamen final aprobado en el Pleno recogía que no se cumplió el objetivo de primar a los agricultores más modestos ni de apostar por las solicitudes que crearan más empleo. Esta, al igual que la que la de Feval, fue una propuesta del PP -entonces AP- que recibió el apoyo de todo el arco parlamentario.
Las cinco siguientes se produjeron en la cuarta legislatura, entre 1995 a 1997, periodo en que no hubo mayoría absoluta y la Asamblea fue presidida por primera y única vez por IU (Teresa Rejas). Tres de las comisiones propuestas por el PP que salieron adelante fueron solicitadas conjuntamente con otros grupos. Composición y grado de peligrosidad de los envíos de desechos radiactivos a las minas de La Haba (con IU-LV y Mixto); proyectos presentados al amparo de la Ley de Oferta Turística Complementaria (con IU-LV), conocida como la de los campos de golf; y problemas de seguridad y riesgo potencial de la central nuclear de Almaraz (con IU-LV y Mixto). La relativa a la mina se reunió en 18 ocasiones, pero no llegó a emitir ningún dictamen, como sí hizo la nuclear, que instó al Gobierno de la nación a determinar durante 1999 el cierre definitivo de la planta. La que investigó las adjudicaciones de los campos de golf concluyó que no hubo ilegalidades y en sus discusiones, a puerta cerrada, hubo alguna «bronca gorda», ha desvelado Rejas a Efe.
Las otras dos fueron aprobadas a petición del PP en solitario, como la dedicada a las supuestas irregularidades en el cobro de gastos de viaje y dietas por parte de algunos trabajadores de la Consejería de Obras Públicas y Medio Ambiente. Solo se reunió en cuatro ocasiones y tampoco emitió ningún dictamen, como la de La Haba, porque el PSOE recuperó la mayoría absoluta, al romperse IU, según Rejas, que dejó el cargo. La otra se dedicó a las repercusiones de las obras de la carretera C-501, entre Plasencia y Jaraíz. Basada en documentaciones y en la visita a la zona, instó a Gobierno regional a que asumiera las responsabilidades políticas derivadas de las carencias detectadas en la ejecución.
PAC y famosos
En la siguiente legislatura, el PSOE sacó adelante en 2001 su propuesta de investigar la distribución de las ayudas de la PAC. Fue la más recordada, ya que por ella pasaron ganaderos como Micaela Domecq Solís, esposa del entonces ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, toreros como José María Manzanares o Carmen Sevilla. La artista llamó a los diputados «bonitos», invitó a todos a conocer su finca y destacó su «amor» por Extremadura. Después de diez meses de trabajo, el dictamen final, que se aprobó únicamente en comisión, instó a la Junta a elaborar un proyecto de ley de modulación, ya que 20% de los perceptores se repartían el 80% de las ayudas.
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