-Susana López (Área Federal de la Mujer de IU) Febrero 2011-
Repasando el anterior informe del Área sobre este tema, que data de Abril de 2010 y se basaba en los datos correspondientes al final de 2009, en plena efervescencia de la crisis y de destrucción de empleo (2 millones en dos años), surge la tentación de limitarse a actualizar las cifras de empleo, desempleo, etc. (a peor, naturalmente), sin tocar el texto de reflexiones y conclusiones del mismo, que siguen estando de rabiosa actualidad en cuanto a la situación actual de las mujeres en el mercado laboral.
Desde aquel informe, sin embargo, se han producido graves acontecimientos, que marcarán el futuro inmediato y a medio y largo plazo de las condiciones de trabajo, con mujeres (y jóvenes) en su epicentro:
Tras las iniciales medidas de “austeridad” puestas en marcha por el Gobierno del PSOE (Diciembre 2009), dentro de lo que llama “Estrategia de Economía Sostenible”, que supondrían un “ahorro” de 50.000 millones en el gasto público (10.000 millones en las CCAA), en Mayo de 2010 el Gobierno aprueba un brutal “ajuste”, que incluye, entre otras medidas:
La CONGELACION DE LAS PENSIONES en el año 2011, salvo las mínimas y no contributivas (revalorizadas estas últimas, por cierto, en un 1%, cuando el aumento del IPC supera ya este porcentaje en los primeros meses del año).
La supresión de la retroactividad en la aplicación de la Ley de Dependencia, bajo el supuesto de que “solo” podrán transcurrir 6 meses entre la solicitud y el reconocimiento de la prestación, que serán gratis para la Administración.
La rebaja del sueldo de los empleados públicos.
La reducción de la inversión pública en 6.045 millones de euros, adicionales al recorte anterior, más un “ahorro” adicional de 1.200 millones de euros en Comunidades Autónomas y Ayuntamientos.
Sin dar tregua y mediante RD-L del 16 de Junio, el Gobierno aprueba una nueva contra-Reforma Laboral, que, según el texto introductorio, “tiene como objetivo esencial contribuir a la reducción del desempleo e incrementar la productividad de la economía española”, “corregir la dualidad de nuestro mercado de trabajo promoviendo
la estabilidad en el empleo”, vista la alta tasa de temporalidad, “elevar las oportunidades de las personas desempleadas, con particular atención a los jóvenes”, etc., etc., etc. Como viene siendo habitual, lo que se dice pretender tiene poco o nada que ver con lo que realmente se pretende. Destacando solo algunos de sus aspectos, de lo que en verdad se trata es de:
La generalización del “contrato indefinido de fomento del empleo”, que prevé, en caso de despido improcedente, una indemnización de 33 días por año con un máximo de 32 mensualidades, frente al indefinido ordinario de 45 días por año y un máximo de 42 mensualidades, que con el tiempo terminará extinguiéndose.
Ampliación de las causas de despido objetivo (acortando también los plazos de negociación), que hará más fácil y rápido el despido con 20 días por año trabajado, del que el empresario abonará sólo 12 días, ya que los 8 restantes irán con cargo al FOGASA.
Se legalizan las oficinas privadas de colocación, con o sin ánimo de lucro, con poderes para imponer sanciones a los desempleados.
Las ETTs van a poder operar en todos los sectores.
Por citar algo “positivo”, se aumenta de 8 a 12 días por año la indemnización de los contratos temporales. Eso si, con objeto de que no resulte agobiante para las empresas un cambio tan radical, esta medida, a diferencia de las anteriores, se impondrá “de forma gradual”, situándose en 10 días desde 2012 hasta 2014, y a partir de ahí se aplicarán los 12.
Aún así, como era de esperar, ni se crea empleo (sino que se sigue destruyendo) ni se avanza en corregir la insoportable dualidad del mercado laboral que tanto parecía preocupar a nuestros gobernantes. A tenor del balance del primer semestre de aplicación de la contra-Reforma (Julio-Diciembre 2010), realizado por CCOO, “del total de 13.927.712 contratos iniciales realizados en 2010, los indefinidos no llegan a 750.000”, con el agravante de que incluso los “indefinidos de fomento del empleo” han tenido una caída considerable en dicho semestre, con la contra-Reforma en vigor, respecto al mismo periodo (sin reforma) de 2009 (59.568 contratos realizados, frente a 90.804), creciendo, sin embargo, la contratación temporal en la comparación entre esos dos semestres (5.991.297 contratos temporales frente a 5.782.249). De la misma manera, en el segundo semestre de 2010 han aumentado los contratos temporales a tiempo parcial (1.329.852) sobre el mismo periodo de 2009 (1.289.318), mientras disminuyeron los indefinidos, pese a estar bonificados para los empresarios (139.610 frente a 141.552).
Entramos, finalmente, en la última gran contra-Reforma (por el momento): la de las Pensiones (en fase de Anteproyecto aprobado por el Gobierno el 28-1-11, pero con intención de sacar la Ley antes del verano), calificada, aún teniendo en cuenta todo lo anterior, como el mayor atentado contra los derechos de las trabajadoras y los trabajadores, y contra el Estado Social, de toda la historia de la democracia.
Dado la amplia difusión de sus contenidos, por lo reciente –y extenso- del debate que ha tenido lugar (y que seguirá teniendo), me limito a enumerar lo más sustancial de lo hasta ahora conocido
Salvo para quienes logren alcanzar un mínimo de 38,5 años cotizados, que podrán jubilarse a los 65 años, la edad legal de jubilación irá incrementándose hasta alcanzar los 67 años en 2027, requiriéndose entonces 37 años cotizados para obtener el 100% de la base reguladora.
Se establece la opción de jubilarse anticipadamente a los 63 años, si se han cotizado al menos 33 años, con una penalización del 7,5% por cada año de anticipación.
En caso de que la jubilación anticipada se deba a situaciones de crisis, la edad podrá reducirse a los 61 años, siempre que se tengan los 33 años cotizados y con la penalización del 7,5% por año, como en el caso anterior. Esta penalización no podrá ser inferior al 33% ni superior al 42% de la base reguladora.
El periodo de cómputo para fijar la cuantía de la prensión irá aumentando desde los 15 años actuales hasta 25, en el plazo de 10 años.
Se modifica la escala de cálculo de la pensión, en función de los años cotizados. Partiendo del 50% de la base reguladora con 15 años cotizados, hasta el 100% con 37, se reduce el resto de porcentajes. Por ejemplo, actualmente, con 25 años de cotización se tendría derecho al 80% de la base reguladora, que en aplicación de la nueva escala, cuando culmine el proceso, bajaría al 73%.
Hay otras cuestiones de gran importancia que han pasado más desapercibidas, como que “La reforma de la sostenibilidad del sistema pasará además por reforzar su universalidad a través de los sistemas complementarios (…)” –léase planes privados de pensiones- comprometiéndose el Gobierno a una mejora de su tratamiento fiscal y normativo. O que el hecho de que no se hayan tocado las pensiones de viudedad es llana y simplemente porque, según recoge el Anteproyecto, su reforma se hará en la Ley de Presupuestos del Estado para 2012. O, más grave si cabe, la posibilidad abierta de que los parámetros utilizados se revisen cada cinco años, en función del aumento de la expectativa de vida, lo que quiere decir, en román paladino, que a medida que ésta aumente, también se podrá aumentar la edad de jubilación, más allá de los 67 años.
En otro orden de cosas, pero incluido en el mismo paquete, qué decir de que la medida “estrella” para la “creación de empleo” (no es una broma) se limite la bonificación de entre el 75% y el 100% de las cuotas a la Seguridad Social (que dejará de ingresar, según sus propios cálculos, más de 200.000 millones de euros), de los nuevos contratos indefinidos a tiempo parcial. O del fantasmal Plan de Políticas Activas de Empleo, para hacer un “itinerario personalizado” a las personas en paro (del que dependerá la hipotética ayuda de 400 euros), mediante la creación de un Fondo que, hoy por hoy, tiene cero euros de dotación presupuestaria.
En cuanto a las “Medidas para promover la igualdad entre hombres y mujeres en el trabajo”, contenidas en dicho Plan, baste la valoración que hacen de las mismas CCOO y UGT en comunicado conjunto: “Las medidas del borrador del RDL merecen una valoración crítica, en tanto que carecen de contenido real efectivo, limitándose a modificaciones puramente formales respecto a extremos que ya son obligaciones impuestas por el Art. 14 de la Constitución y por la Ley de Igualdad” y que –añado- bien poca efectividad han tenido, a la vista de los escasos avances en nuestra situación discriminada y subalterna en el mercado laboral.
Este cúmulo de medidas regresivas en todos los frentes a la vez y en tan corto espacio de tiempo, no tiene precedentes ni puede ser justificado por una crisis en cuyos orígenes y desarrollo nada ha tenido que ver el mundo del trabajo, sin que una sola de ellas apunte en dirección a sus responsables o a la solución de sus verdaderas causas, sino todo lo contrario.
Por la magnitud de las mismas, sus efectos son difíciles de predecir, pero podemos afirmar con rotundidad que constituyen un durísimo golpe al derecho del trabajo, nacido, desarrollado y arrancado por interminables luchas, para establecer un cierto equilibrio (aunque fuera poco) entre dos poderes totalmente desequilibrados: el del capital -con poder absoluto sobre los medios de producción- y la mano de obra, que tiene que vender su fuerza de trabajo. Contrariamente a lo razonablemente esperado, necesario y justo, ésta sale debilitada y aquél fortalecido de una crisis que ha provocado.
Y si es obvio que todo ello afecta a la totalidad de la clase trabajadora, quizá no lo parezca tanto afirmar que las mujeres (y los jóvenes de cualquiera de los sexos) serán las víctimas propiciatorias, por su situación significativamente más desfavorable en el punto de partida, ya sea en cuanto a precariedad y desempleo, ya sea, consecuentemente, en cuanto a la debilitada tutela de las leyes y al acceso a los sistemas de protección social presentes y futuros.
Lo que queda claro, a nada que repasemos los grandes bloques de medidas anteriormente mencionados, partiendo de la situación actual, es que:
Los recortes presupuestarios (de la Administración General, la Autonómica y la Municipal), y en todo aquello que afecta a la intensidad y calidad de los servicios públicos, tan escasamente desarrollados en nuestro país (con reducciones salariales y casi nula reposición de empleados públicos), repercutirá inevitable y fundamentalmente, no solo en la degradación de Sistemas como el educativo o el sanitario, que ya estamos viendo, sino en un agravamiento de carencias tan notables como la falta de escuelas infantiles, la atención a la dependencia, las ayudas a las familias, etc. que, según todo el mundo reconoce, lastran o truncan el desarrollo profesional y laboral de las mujeres.
La mayor desregulación del derecho del trabajo, la “flexibilidad” en la aplicación (o inaplicación) de partes sustanciales de los convenios, como el salario o la jornada, con una aún más amplia discrecionalidad de los empresarios en todo cuanto se refiere a la organización del trabajo, junto al abaratamiento del
despido, en momentos de altas tasas de desempleo (que persistirán), garantizan una caída de los salarios (que ya se ha venido produciendo en tiempos de bonanza) y de las condiciones de trabajo, profundizando la brecha existente (dualidad la llaman) entre fijos y precarios, entre jóvenes y mayores y, por supuesto, entre mujeres y hombres, subrayando el papel secundario de aquéllas en el trabajo remunerado. Pues no es casual que se apunte directamente a la potenciación del contrato a tiempo parcial, en el que las mujeres son hegemónicas.
La conjunción de los dos elementos anteriores, supondrá (está suponiendo) un notable retroceso en la calidad de vida de las mujeres (y en su salud), por cuanto, de una parte, se ven forzadas a buscar un trabajo remunerado, en las condiciones que sea, para cubrir carencias familiares motivadas por la pérdida acusada de empleos masculinos; de otra, será difícil para muchas, en condiciones de precariedad y bajos salarios, contratar servicios de atención familiar, etc., que algunos sectores al menos podían permitirse. Y, con menores expectativas de obtenerlos en los servicios públicos, se verán obligadas a asumir el doble trabajo, productivo y reproductivo, en toda su intensidad.
El acceso a los sistemas de protección social, con carreras laborales devaluadas salarialmente y/o de jornadas cortas, o de permanencia discontinua, como hemos descrito reiteradamente en anteriores informes, se hará más cuesta arriba para muchas. No digamos las posibilidades que –también muchas- tendrán, con las medidas en curso en materia de pensiones, de obtener una pensión digna en su retiro o tan siquiera de acceder a ella.
Con estas perspectivas, entendemos que la jornada del 8 de Marzo, que está a la vuelta de la esquina, por estas y otras muchas razones (violencia de género, prostitución y trata, etc.), debería ser fieramente reivindicativa. Lo lúdico tendría que quedar, lamentablemente, para mejores tiempos.
Comentarios