Naciones Unidas cree que el Estado incumple de forma sistemática el tratado sobre derechos civiles.
En España no se cumple con el acceso gratuito a la Justicia ni con el derecho a recibir información estatal y la participación pública de los ciudadanos. El veredicto lo ha dado Naciones Unidas, tras la denuncia de un grupo ecologista de Almendralejo (Badajoz), que lleva 6 años peleando sin fondos ni subvenciones. La ONU ha criticado incluso al Gobierno español por hostigar a los activistas.
Inquisidores”, “talibanes ecologistas˝ o “ignorantes˝ fueron sólo algunos de los insultos con los que el alcalde de Almendralejo (Badajoz), José María Ramírez Román (PSOE), se refirió a los miembros de una pequeña plataforma naturalista de esta localidad. ¿Su delito? Querían acceder y revisar con calma el Estudio de Impacto Ambiental de una refinería de petróleo proyectada en la zona.
Los ecologistas de la Plataforma contra la Contaminación de Almendralejo encontraron todo tipo de pegas para acceder a la documentación y, cansados de semejante trato, acudieron directamente a Naciones Unidas. Tras 6 años de litigio, el resultado ha sido demoledor. La ONU ha condenado a Estado español por acoso y por incumplir de manera reiterada los principios que establece el Convenio de Aarhus, ratificado voluntariamente por España en el 2005 y que reconoce el derecho de acceso a la información, a la justicia gratuita y a la participación pública de los ciudadanos.
El inicio del conflicto
Todo comenzó en junio de 2008, cuando el BOP de Badajoz anunció que el informe de Impacto Ambiental de la refinería estaría accesible a los ciudadanos durante un mes en horario de oficina. La plataforma ecologista de Almendralejo consideró el plazo insuficiente y solicitó sin éxito una copia digital del informe y cinco meses para presentar alegaciones. En lugar de eso, el colectivo obtuvo un silencio oficial y la acusación pública de “querer enviar a la gente al paro” realizada por el alcalde en los medios locales. Éste es el principal motivo por el que la ONU da la razón a la plataforma y señala a España por acoso. Tal y como establece el artículo 3.8 del Convenio de Aarhus, ninguna persona podrá ser perseguida, acosada o vilipendiada. “El alcalde quería poner al pueblo en nuestra contra y asustarnos para impedirnos que hiciésemos uso de nuestros derechos civiles”, explica Félix Lorenzo, portavoz del colectivo denunciante, un pequeño grupo sin sede social, aportaciones financieras ni subvenciones. La ONU ha recordado también a España que el acceso a la Justicia para este tipo de colectivos tiene que ser completamente gratuito.
Naciones Unidas recibió en 2004 un informe preliminar sobre el caso y después de estudiarlo, invitó a los miembros de la plataforma denunciante a su sede en Ginebra para que se explicaran. El representante español en el organismo, José Manuel García Bartolomé, jefe del Área de Documentación e Información de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Medio Ambiente, se excusó diciendo que el Estado no era responsable de las acciones de las autonomías. Sin embargo, esta excusa no fue válida ya que, al ser el país en su conjunto el que ratifica un convenio, es la Administración central quién debe velar para que se cumpla en toda su soberanía.
Problemas para España
Por su parte, el alcalde de Almendralejo, José María Ramírez Morán, consultado por esta revista, ha declinado hacer declaraciones. El gobierno municipal asegura en sus alegaciones, presentadas hace un año, que ha cumplido por completo con la legalidad vigente y que nunca se negó a entregar la documentación a los denunciantes. El documento, firmado por el alcalde, no hace ni una sola mención de sus declaraciones en la prensa local contra el colectivo ecologista, uno de los hechos más criticados por la resolución de Naciones Unidas.
El dictamen de Naciones Unidas no favorece en absoluto a España, que –según el organismo– ha incumplido de forma reiterada los tres principios básicos del Convenio de Aarhus. El informe de la ONU pone en tela de juicio el papel del Defensor del Pueblo, que tras estudiar la denuncia de los ecologistas aseguró que no había habido infracción alguna. La resolución, emitida el pasado 12 de julio, “no condena directamente al alcalde, sino al Estado español por no tomar medidas, aun siendo consciente de la situación”, explica Lorenzo. Ahora, España tendrá que subsanar lo ocurrido y evitar que se vuelvan a producir casos similares. Por lo pronto, en el año 2013 la ONU celebrará una reunión internacional donde los países que tengan casos abiertos habrán de explicar las medidas adoptadas para solucionar sus faltas.
En el documento, Naciones Unidas refleja que en España son las organizaciones más pequeñas las que más dificultades tienen para acceder a la Justicia, gratuita solo para las entidades declaradas de utilidad pública. Para que un colectivo de la sociedad civil obtenga esta calificación y pueda acudir sin coste a los tribunales, tiene que cumplir una serie de requisitos que nunca alcanzan las organizaciones sin fondos, personal, sede ni estructura fija.
Ley de Transparencia
La resolución de Naciones Unidas coincidió con el anuncio del Gobierno español para la aprobación del anteproyecto de la Ley de Transparencia Informativa, una promesa electoral del PSOE en los dos últimos comicios. El texto, coordinado por la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, reconoce el derecho de acceso a la información pública y establece que la Administración tendrá que responder a los ciudadanos en un plazo máximo de 30 días o de 60 si la información solicitada es muy compleja. El borrador, que todavía no se conoce de manera oficial, ha sido tachado por las asociaciones pro-acceso como una oportunidad perdida de que España se ponga al día en el acceso a la información pública.
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